Este añadido a la propuesta solo resulta comprensible en un parlamento que aprobó - con los votos de la oposición socialista - una ley específica para poder expropiar los edificios colindantes a su sede. Como sabe cualquier estudiante de derecho, este tipo de leyes hechas deliberadamente para aplicarla a un caso concreto son incompatibles con la ciencia jurídica y, por supuesto, con la Constitución. Pero, en Canarias, las cosas se ven de otra manera y el miembro del servicio jurídico que informó (¿?) el proyecto de ley del Parlamento fue premiado, para desgracia del sector, con el cargo de consejero de Educación. Mientras, a los contribuyentes nos toca hacer frente a la multimillonaria indemnización a los propietarios ilegalmente expropiados.

Este desprecio al estado de derecho y al cumplimiento de las normas, ha convertido a las islas en el paraíso de la construcción "clandestina" y de las obras públicas ejecutadas al margen de la legalidad. Una justicia lenta, y por tanto poco eficiente, es el colaborador necesario en esta manera de actuar de la mayoría de los partidos que gobiernan en las instituciones públicas. El otro gran aliado de estos políticos es su irresponsabilidad a la hora de hacer frente a las consecuencias de sus actuaciones; por el contrario, somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos y ponemos los euros. Ejemplos contrastados hay muchos: los vecinos de Santa Cruz tenemos que pagar una indemnización millonaria en euros porque el ayuntamiento autorizó un edificio cuyas características ¡incumplían la normativa municipal! Los socialistas de la Gomera financian obras ilegales como la embotelladora de Taguluche, asfaltan pistas en espacios naturales y han convertido algunos de ellos en vertederos. No son excepciones, en Adeje, un espacio natural está parcialmente ocupado por un campo de golf .

Pero a veces también la justicia, como las tortugas, llega a la meta y el día 22 de abril del 2003 el Tribunal Supremo de la Nación sentenciaba que ATAN tenía razón: la playa del Roque de Santa Cruz de La palma desapareció a consecuencia de unas obras ilegales. En otra anterior, también interpuesta por ATAN, el TS declaraba igualmente ilegal el dique de Garachico. En 1993 el partido socialista gobernaba en España y de ellos dependía la administración de las costas y de los puertos. El responsable provincial en aquellas fechas era, Pedro Anatael Meneses, principal impulsor del proyecto del puerto de la capital palmera.

El 6 de junio de 1993 al periódico El Día ponía en su boca estas palabras: "donde quiera que se nos ha denunciado por creer que la obra de ampliación es ilegal se han sobreseído esas denuncias". Transcurridos diez años, el fallo judicial demuestra que esta manera de ejercer la política implica recurrir al cinismo, la mentira y a métodos antidemocráticos. Por eso no vacilaron los socialistas a la hora de aplicar la inconstitucional "ley Corcuera" sancionando y deteniendo a ciudadanos que trataron de impedir la ejecución de una obra que incumplía las normas legales. Dejaron bien claro que el medio ambiente solo les sirve para la retórica de los discursos, no para cumplir y hacer cumplir las leyes que protegen el territorio y sus ecosistemas.

Por supuesto que estos partidos y sus dirigentes no se cortan a la hora falsear la realidad y, además, cuentan con la flaqueza de la memoria humana. Pero, para desgracia de Pedro Anatael y de otros dirigentes políticos, existen las hemerotecas y la lenta justicia. La denuncia de ATAN, señor Meneses, es evidente que no fue sobreseída, usted mintió.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había decretado en 1997 la paralización de las obras por vulnerar las normas legales, sin embargo el proyecto se terminó porque el tribunal exigió un aval de ¡200 millones de pesetas! y, lógicamente, ATAN no podía afrontar con su escaso presupuesto esta desmesurada cantidad. Esta fue la razón por la continuaron las obras de "entullamiento" de la playa del Roque y no, desde luego, por los argumentos jurídicos o las resoluciones judiciales favorables a su tesis.

Llamar a los responsables de este y otros desaguisados cínicos, mentirosos y demagogos no son insultos son epítetos, basta leer el fallo completo del TS (Ver http://www.atan.org/urbanismo/terror/recurso.pdf) para comprobarlo. Como dice la sentencia: "La falta de declaración de impacto ambiental convierte el acto administrativo en disconforme a Derecho como acertadamente ha declarado la sentencia impugnada".

¿Cuál ha sido la reacción de los socialistas canarios? Ni reconocer errores, ni pedir disculpas a los ciudadanos que trataron como delincuentes; por el contrario, han ratificado esta manera de actuar designando a Pedro Anatael nuevo miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Y éste, para que no haya duda sobre su demagogia, en sus ratos libres chupa cámara como líder de la oposición al proyecto del Puerto de Granadilla. Por cierto, ¿defienden los socialistas canarios, como afirma el Director General de Costas, que el proyecto de Granadilla no incluye el tráfico de contenedores?

Eustaquio Villalba Moreno
Portavoz de ATAN

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