La autoridad entulla la Playa del Roque.

El entullamiento de la playa del Roque en Santa Cruz de La Palma añade un nuevo destrozo medio ambiental llevado cabo por las autoridades e instituciones que teóricamente están obligados a defenderlo, tal y como establece el artículo 45 de la Constitución: 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva . Se ha hecho caso omiso de las protestas ciudadanas, la opinión cívica no ha contado, sus palabras -las de las autoridades- solo han servido para la dilación y el engaño. Han utilizado triquiñuelas para imponer el principio de autoridad por encima del espíritu de la ley. También, para aplicar la Ley Corcuera a los que se opusieron de manera pacífica y democrática a la pérdida de una zona de uso ciudadano. Ellos son autoridades nombradas por un gobierno democrático pero sus actuaciones ponen en entredicho que entiendan lo que es un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Desde hace casi un año la plataforma ciudadana Salvar la Playa ha intentado que las autoridades cumplan y hagan cumplir las leyes y que se busque una solución que permita la necesaria ampliación de las instalaciones portuarias de Santa Cruz de La Palma y, al mismo tiempo, permitiera conservar la playa del Roque. La autoridad portuaria, el Sr. Meneses, ha tenido éxito: ha demostrado que en los puertos manda él, que para eso es la autoridad. Nada ha hecho variar su decisión de enterrar bajo toneladas de escombros la playa, ni las protestas ciudadanas, ni alternativas como las que presentó ATAN. Ha demostrado quién manda aquí y para que quedara bien claro ordenó hacer el destrozo el día de San Roque.

El Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente se ha distinguido en Canarias por la financiación y ejecución de obras que no solo suponen un gravísimo deterioro del medio sino que, además, se han hecho en muchos casos saltándose los preceptivos informes de impacto ambiental. Y lo peor del caso es que en su mayoría se han hecho mal: el dique de la playa de Alojera se lo llevó el primer temporal, cientos de millones tirados para degenerar una playa; el puerto de Playa Santiago se está rellenando de sedimentos, el de Tazacorte es inutilizable, la playa de las Vistas en Arona no sirve, etcétera, etcétera. Por lo visto a eso lo llama la autoridad competente regeneración del litoral.

El discurso del nuevo gobierno canario se apoya en ser el primer gobierno de Canarias, en sus quinientos años de historia, que nace con fin de defender ante todo los intereses de las islas pero a la hora de la verdad, y en un caso como el de la playa del Roque, los hechos no coinciden con sus palabras. Caso particular es el de la Consejería de Política Territorial; su titular, como dice la plataforma ciudadana Salvar la Playa, ha tenido una actitud de complicidad, vasallaje e incompetencia. (El Viceconcejero de Medio Ambiente no tiene nada que ver con este asunto ni con ningún otro relativo a la conservación de la naturaleza, en estos temas no sabe o no contesta; debe ser que su labor como portavoz del gobierno no le deja tiempo para dedicarlo a la Viceconsejería)

Las obras del puerto palmero se iniciaron sin licencia, sin el obligado estudio de impacto ambiental y haciendo caso omiso a lo establecido por la legislación canaria. La autoridad portuaria, haciendo gala de su poca cultura democrática, alega que las obras del estado no necesitan cumplir tales requisitos. Tanto la legislación estatal como la autonómica obligan a la previa presentación de un informe de impacto ambiental para los proyectos portuarios. En las ampliaciones de los puertos de Bilbao y La Coruña, de acuerdo con la ley estatal, se elaboraron estos informes ¿Porqué no se hizo en su momento en Santa Cruz de La Palma? La autoridad Portuaria debe conocer la respuesta, los ciudadanos la ignoramos.

El nuevo Consejero de Política Territorial, el Sr. Redondo, anunció, al poco tiempo de tomar posición su apoyo a los ciudadanos palmeros y dio garantía de que haría cumplir la ley, además ,se comprometió a buscar una solución para la ampliación del puerto compatible con la conservación de la playa, pero los hechos han puesto en evidencia que no quiere crearse problemas con las autoridades nacionales, ni con la autoridad portuaria.

La protestas ciudadanas obligaron, una vez comenzada las obras, a la autoridad portuaria a presentar un informe de impacto ambiental redactado por la misma empresa que ejecuta las obras y que teóricamente debió ser hecho con anterioridad a su ejecución. Se han presentado más de mil quinientas alegaciones y también alternativas, pero la autoridad portuaria, haciendo gala de un autoritarismo propio de otras épocas, ha entullado la playa sin esperar la resolución de las alegaciones presentadas.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ante la gravedad de los hechos ocurridos, absolutamente incompatibles con un estado de derecho, pedimos al partido que sustenta al gobierno de la nación que pida y exija el cese del responsable de los puertos de la provincia y del gobernador civil. Las recientes declaraciones del Diputado del Común sería motivo suficiente para que ambas autoridades presentaran su dimisión, pero eso sería mucho pedir a dos personajes, que han demostrado con los hechos, que se guían por el principio de autoridad y no por el principio constitucional de la convivencia democrática y el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Nuestra Asociación, conjuntamente con otros colectivos, vamos a recurrir a las vías judiciales pertinentes para que se cumpla lo establecido por el artículo 45 3 de la Constitución: Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en sus caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Puerto de Santa Cruz