Alguien recordaba recientemente en una tertulia sobre movilidad, que el actual plan de carreteras fue la estupenda “herencia” que nos dejó Adán Martín (q.e.d.) en su etapa de presidente del Gobierno de Canarias. Un plan elaborado hace nada menos que 30 años, en un contexto bien diferente al actual. Recordemos que el Sr. Martín llegó a proponer como objetivo a alcanzar, la espeluznante cifra de 30 millones de turistas/año y en base a ese dato, se diseñaron las infraestructuras que el actual gobierno quiere mantener e imponer.

Un modelo de infraestructuras viarias donde prima la velocidad sobre cualquier otra circunstancia. Este aspecto resulta muy relevante en nuestra isla abrupta ya que, a más velocidad, mayor es el radio necesario en el trazado de las curvas y menor la capacidad de adaptación al territorio, lo que se traduce en un mayor riesgo de accidentes, costo económico e impacto territorial y paisajístico.

La afirmación de que, a mayor velocidad admisible de los viarios menos tiempo se necesitará para llegar al puesto de trabajo, se ha revelado totalmente errónea. Los colapsos de vías principales y atascos de las tramas urbanas, así como la falta de aparcamientos, transportes colectivos u otras vías alternativas de movilidad, agravan una situación insostenible, que tiene su origen fundamentalmente en el exceso del número de vehículos, como han indicado los numerosos estudios realizados sobre la materia. Apostar por más viarios y número de carriles conduce directamente al incremento en el número de vehículos privados y al aumento de los problemas circulatorios.

Por tanto, se puede afirmar que las nuevas carreteras y autopistas que el Gobierno de Canarias se empeña en imponernos, responden a un plan desfasado, que no resolverá los problemas de movilidad y circulación que sufre la isla y que incrementará el daño al medio ambiente y los paisajes, algo inadmisible para la mayoría de los residentes y visitantes de Tenerife.

La cultura de la velocidad es usada por los promotores de los nuevos viarios para justificar la construcción de grandes y atrevidas estructuras de hormigón armado, ya sean en forma de altos puentes o de túneles interminables, lo que incrementa considerablemente las inversiones públicas y los beneficios privados. Las actividades económicas directamente beneficiadas son las extractivas y de machaqueo, el transporte de material pétreo, la fabricación de hormigón y el asfalto. Una vez finalizadas las obras, el empleo desaparece, por lo que resulta necesaria la continua e interminable promoción de nuevas infraestructuras para mantener los beneficios empresariales y el empleo, fundamentalmente en el sector de la construcción. De ahí la permanente presión mediática para que se liciten nuevas y grandes obras públicas en la isla.

En estos días se encuentra en información pública el proyecto de la nueva autopista entre los Realejos e Icod de los Vinos, atravesando un territorio abrupto y de alto valor natural y paisajístico. La mayor parte de su trazado se realiza en forma de doble túnel, lo que supone generar innecesariamente una gran cantidad de roca y transportarla para su aprovechamiento, muchas veces en forma de escolleras y puertos deportivos o comerciales. Al mismo tiempo, muchos de los residentes y especialmente nuestros visitantes, mantendrán el uso de la carretera actual ya que, en su recorrido por la isla en vehículo alquilado, preferirán disfrutar de la contemplación del cielo, el mar y los paisajes de la isla, antes que circular más rápidamente por oscuros e interminables túneles que, en tierra volcánica como es la nuestra, no parece además muy recomendable.

Las alternativas desde el ámbito ecologista pasan por no construir más carreteras y autopistas en la isla, aprovechando los viarios existentes y considerando otras circunstancias de carácter territorial, ambiental o paisajístico, con aplicación criterios que eviten o reduzcan la necesidad de desplazarse, con planeamiento que considera la cercanía de los puestos de trabajo, los servicios y equipamientos a los lugares de residencia; la flexibilización de los horarios laborales de entrada y salida; la promoción del uso del transporte colectivo y, cuando sea imprescindible, la realización de obras de mínima intervención, lo que supone no continuar dañando el territorio por la ocupación de nuevo suelo, sino actuar solamente sobre el suelo ya alterado.