Durante muchos años la federación de empresarios de la construcción estuvo presidida por un delincuente que ha sido condenado a cumplir pena de cárcel. Antonio Plasencia, que así se llama el condenado, a lo largo de su mandato como presidente de la federación de empresarios de la construcción (FEPECO) publicó numerosos artículos en la prensa local en las que exponía, de manera reiterativa, sus opiniones sobre la economía y la política de Tenerife.
Sus ideas eran toscas y elementales: La construcción es el motor de la economía y hay que seguir construyendo grandes infraestructuras y siempre pedía más carreteras y más urbanizaciones. Para él el crecimiento no tiene límites y había que eliminar todas las trabas legales que impiden que se construya tanto cómo les diera la gana a estos empresarios.
Según él los que nos oponemos ese modelo somos los del no a todo y nos acusaba de estar en contra del progreso económico, de la creación de puestos de trabajo y la modernización de la sociedad canaria (entendiendo modernización como la aplicación de las recetas económicas ultra liberales que deja la política económica en manos de los empresarios y se la quitan a los ciudadanos).
No cabe duda que Antonio Plasencia ha actuado conforme a sus palabras (por supuesto, con la complicidad de los responsables políticos de las instituciones canarias) y, para comprobarlo basta con ir a ver la enorme cicatriz que nos ha dejado en Güímar. La explotación ilegal de áridos en este municipio llenó sus bolsillos de dinero a cambio de dejar al valle trufado de grandes hoyos. Pero la Justicia lo ha condenado a pena de cárcel y a poner el dinero para tratar de recuperar el desastre ambiental. Los tribunales dejaron claro que los empresarios, por mucho dinero que tengan, no están por encima de la ley, que su modelo económico basado en la corrupción nos conduce al desastre y a la alteración irreversible de nuestro patrimonio natural.
El anterior presidente de Fepeco demostró en el caso de Las Teresitas la estrecha la alianza entre corruptores y corruptos para robar el dinero contribuyente y el patrimonio del común del dominio marítimo. Fue, según dijo la fiscal “un caso de libro”. Basta confrontar las ideas publicadas del expresidente con la realidad de los hechos para concluir que su modelo no es el que necesita la sociedad canaria, que este modelo solo favorece a una minoría, ha destruido de manera irreversible gran parte de nuestro patrimonio natural, ha empeorado la calidad de vida de sus habitantes. Aunque, por lo menos en este caso, el estado de derecho ha funcionado y ha demostrado que son unos delincuentes y merecen la cárcel.
Con unos antecedentes así, parecería comprensible que el nuevo presidente de Fepeco, Oscar Izquierdo, antiguo empleado de la entidad presidida por Antonio Plasencia, tendría la vergüenza ajena de no volver a exponer los mismos argumentos – incluido un ramplón eslogan contra los “canariones”. Pero no, el presidente de Fepeco sigue con la misma “matraquilla” en los medios de comunicación.
El tiempo ha demostrado la inutilidad del puerto de Granadilla, qué éramos nosotros quienes teníamos, y tenemos, razón y, pese a esa evidencia, Oscar Izquierdo sigue defendiendo su utilidad. Nada ha dicho de la restauración de los daños ocasionados por las canteras de Gúímar o el caso de las Teresitas. Mientras tanto, algunos de sus afiliados se llenan los bolsillos con obras tan discutibles, o simplemente innecesarias, como el Puerto de Fonsalía o el proyecto de ferrocarril.
El presidente de Fepeco debería limitarse a defender los legítimos intereses del gremio que representa y no a intentar dictar la política económica de las instituciones. Su opinión, señor Izquierdo, es una más en esta sociedad democrática, pero la opinión pública echa de menos una explicación convincente del papel de Antonio Plasencia al frente de Fepeco y los numerosos casos de corrupción en los que estuvo implicado. Usted repite sus argumentos y palabras, esperemos que no sigan utilizando los mismos métodos.
