El señor consejero está ofendido

Con motivo de la entrega de los Premios Teide de Oro de Radio Club de Tenerife -galardón que fue otorgado a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) en la edición de 1991- tuve ocasión de preguntar al Consejero de Obras Públicas, D. Rodolfo Núñez las razones por las que no había accedido a mantener una entrevista con miembros de la Junta Directiva. El Consejero me manifestó que no tenía intenciones de acceder a tal encuentro. ¿Razones? está muy ofendido con ATAN por el escrito presentado al Ministerio Fiscal para que averiguara si era constitutivo de delito la permanencia en las carreteras de la Isla las vallas publicitarias, a pesar que la ley dice que son un peligro para la seguridad vial. Argumenta que es impropio de una asociación tan prestigiosa acudir a los tribunales sin antes haberle planteado este problema. Como consta en la Consejería de Obras Públicas, ATAN solicitó una entrevista con el Consejero a principios del mes de septiembre. En julio se había presentado la última denuncia sobre las vallas en la Consejería. La reunión tenía como objetivo conocer directamente las razones por las que se están llevando a cabo obras públicas que incumplen la ley y conocer las causas, pues no responde a las reiteradas denuncias, que habían impedido a esta Consejería acatar la ley retirando las vallas publicitarias de las carreteras de Tenerife. El 19 de octubre la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza presentó el escrito al fiscal. En mes y medio el Consejero no tuvo tiempo para recibir al grupo ecologista. El silencio ha sido la única respuesta que ha obtenido la asociación por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario. Sr. Consejero: no hay excusas; no ha recibido a ATAN ni se han contestado las continuas denuncias por que no ha querido. Tampoco lo ciudadanos, los que pagamos su sueldo, conocemos las razones por las que permanecen las vallas en las carreteras de Tenerife.

Le pregunté al Consejero las razones de la inhibición de la Consejería en este tema, al contrario de lo que ocurre en la Península donde el Ministerio de Obras Públicas ha impuesto multas a las empresas que no han retirado las vallas. La respuesta me asombró: la Ley Nacional, según el Consejero, era distinta a la Canaria. Ignoraba -o aparentaba ignorar- D. Rodolfo Núñez que la Ley Canaria reproduce literalmente lo establecido en la ley nacional; la única diferencia está en que la ley estatal restringe la prohibición a las carreteras nacionales, mientras que la canaria sólo habla de carreteras sin especificar su rango.

El Consejero asegura que la retirada de las vallas no está entre las prioridades de su Consejería. Lo cual no extraña en una Consejería que ha demostrado, en la práctica, que lo suyo no es cumplir todos los requisitos que imponen las leyes, ni actuar en el territorio desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos. Los hechos así lo demuestran: son numerosos proyectos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario que han desdeñado elaborar el preceptivo informe de impacto ecológico y son demasiados los desastres ambientales cometidos por esta Consejería.

En mi opinión, lo grave del caso no es sólo que no esté entre las prioridades de la acción de gobierno cumplir las leyes, está también en ese funcionamiento anómalo de la sociedad democrática que convive con la corrupción convertida en espectáculo de masas y que da por sobreentendido que la corrupción económica es la corrupción. La realidad es otra, corromper significa también alterar el normal funcionamiento de la democracia y uno de sus fundamentos es obrar de acuerdo con las normas propias de un estado de derecho. Corromper la democracia es no querer explicar a los ciudadanos, a las asociaciones interesadas, cuáles son las razones para invertir dinero público en obras que no cumplen con la ley. Es corrupción que las instituciones públicas no hayan explicado porqué no se han retirado las vallas publicitarias cuando la ley de mayo de 1991 dio un plazo de un año, y sin derecho a indemnización, para que fueran retiradas. Quizás no sean tan espectaculares estas actitudes corruptas como las que estos días ocupan las primeras planas de los periódicos pero, sin éstas, no existirían aquellas.

El Sr. Núñez dijo que él no responde nunca a las denuncias y escritos referidos a su Consejería que aparecen en los periódicos. (Tampoco responde a las reiteradas denuncias presentadas en el registro de Obras Públicas siguiendo los trámites legales). A mí me parece muy bien que el Sr. Núñez no le guste o no quiera contestar a opiniones sobre su persona, pero el Consejero de Obras Públicas es un cargo público (afortunadamente interino) y como tal tiene que dar cuenta a los ciudadanos de sus responsabilidades, pues nos ampara el derecho y la práctica democrática para tal solicitud. Por otro lado, los medios de comunicación son imprescindibles en una democracia; es a través de ellos donde los ciudadanos nos informamos y elaboramos nuestras opiniones políticas. También son el cauce que permiten la comunicación entre los distintos grupos sociales y entre los éstos y las instituciones.

Sr. Consejero, muchos ciudadanos queremos saber porqué la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario no ha hecho cumplir la ley de carreteras de Canarias. Supongo que su respuesta será misma que dio el Presidente del Gobierno a idéntica pregunta: el silencio. Parece que el único recurso que queda es acudir al Diputado del Común. ¿Servirá de algo? ¿Seguiremos sin conocer las poderosas y ocultas razones que tiene la Consejería para no hacer cumplir la Ley? ¿Y la oposición qué dice? Desgraciadamente nada, no sabe, no contesta.

Eustaquio Villalba Moreno

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