Legalización de viviendas clandestinas versus protección del territorio

Es sabido que Canarias es un archipiélago con una riqueza natural muy importante, y por ello cuenta en su territorio con cuatro parques nacionales, además de diversas figuras legales de protección recogidas en la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Los gestores políticos alardean a menudo de que grandes áreas del archipiélago se hallan protegidas por la legislación, y por eso la conservación de sus valores naturales y paisajísticos está garantizada. Nada más lejos de la realidad. Desde hace muchos años la actuación de las administraciones públicas sobre el territorio canario ha sido una de las principales amenazas para el medio natural, para la calidad de nuestro medio ambiente y para nuestro paisaje rural.

Por poner un ejemplo, no hay más que aterrizar, como uno de los diez millones de turistas que visitan las islas cada año, en el aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía), sito en el término municipal de Granadilla, y hacer el recorrido de tres cuartos de hora por la autopista hasta la capital de la isla, Santa Cruz. Proliferan con total soltura numerosos núcleos urbanos costeros a cual más antiestético y caótico. Se trata de barrios de segunda residencia compuestos por viviendas autoconstruidas en torno a alguna caleta o playita que, tras ser acosada por semejante masa de bloques sin encalar, ha perdido su encanto.

Los ayuntamientos canarios no tienen los bemoles suficientes como para frenar estas infracciones urbanísticas, esta invasión de la costa, a pesar de que, con la ley en la mano, el destino de muchas de estas infraviviendas veraniegas tendría que ser la demolición. Claro que, el desmantelamiento de estas barriadas clandestinas supondría un coste político que ningún alcalde quiere afrontar, pues aplicar la ley con todo su vigor para frenar la invasión del litoral es una medida tan impopular que le puede costar demasiados votos, y por lo tanto, la poltrona. Por otro lado, la administración (autonómica, insular y municipal) da al ciudadano el peor de los ejemplos respecto a la observancia de las leyes protectoras del territorio. "Si en Granadilla, la monopolista de energía eléctrica Unelco ha construido una central térmica con subvenciones europeas, cuando las directivas comunitarias van contra la proliferación de esta técnica, altamente contaminante, ¿por qué no me voy a construir una casa de cuatro habitaciones en la playa?", podría preguntarse cualquiera. Además, ese "chalé" modelo bloque de ladrillo visto, con las ventanas más pequeñas posibles, pronto dejará de ser clandestino gracias al decreto de legalización de viviendas de la Consejería de Política Territorial del gobierno de Canarias.

Este decreto (11/1997 de 31 de enero), promovido por la consejera María Eugenia Márquez (Partido Polular), es una indignante amnistía de ámbito canario a los infractores urbanísticos. Unas 27.000 viviendas, que carecían de licencia municipal de obras en todo el archipiélago, se han apuntado a un censo creado para obtener su condición de legales, sin más, como por arte de magia. El enorme número de solicitudes de legalización ha desbordado a los técnicos de la Consejería de Política Territorial. Promover un decreto de estas características, para dar la razón a quien nunca la tuvo, a quienes destruyen nuestro paisaje a base de cemento y mal gusto, es establecer un vergonzoso "borrón y cuenta nueva" sólo posible en una tierra donde pesa más la política populachera barata que el respeto a las leyes urbanísticas.

La Consejería de Política Territorial ni siquiera puede justificar esta medida por un hipotético crecimiento demográfico que hiciera necesaria la construcción rápida de viviendas del modo que fuera, porque en un estudio encargado por Cáritas a la Fundación Foessa reveló que, en 1996, Canarias tenía el mayor índice de viviendas desocupadas de toda España, con un 19,6 por ciento (la media nacional es de un 15,7 por ciento).

Fotos