La gestión del Parque Nacional del Teide

3 de Mayo de 1999

Los periodos electorales son una buena ocasión para comprobar que no hay mucha relación entre lo que dicen los políticos y lo que hacen; de nuevo vuelven a proclamar a los cuatro vientos que la conservación del patrimonio natural y cultural de las Islas será su objetivo prioritario en el caso de obtener la confianza de los electores. Pero, como algunos de ellos son los que han gobernado en los últimos años, en concreto los de Coalición Canaria (CC) y el Partido Pupular (PP), los ciudadanos tenemos la oportunidad de contrastar lo que han dicho con lo que han hecho y así poder intuir lo que harían en el caso de seguir gestionando las instituciones públicas.

Es evidente que para el PP y CC la conservación de la naturaleza y el patrimonio ha ocupado un lugar secundario en su gestión de los asuntos públicos. No es de extrañar, han optado por un modelo de desarrollo basado en el consumo creciente de bienes no renovables al servicio de a una actividad empresarial en gran parte basada en la especulación, en el dinero negro y en los beneficios fáciles y rápidos. Más urbanizaciones, más coches, más carreteras, más turistas, son los elementos en los que estos partidos han basado el crecimiento económico de Canarias; las consecuencias son evidentes: alteraciones irreversibles en la naturaleza, escasez de territorio, colapso circulatorio y un creciente empeoramiento de la calidad de vida de los canarios y de su oferta turística.

Un ejemplo claro de esta política esquilmante y poco previsora es lo que está ocurriendo en el Parque Nacional del Teide; las instituciones y organismos encargados de su tutela y gestión son, en el mejor de los casos, responsables de prolongar "sine die" los principales problemas que tiene el Parque y, en los más frecuentes y peores, son los causantes de muchas de las situaciones más problemáticas que sufrido este espacio natural en los últimos años. Tanto los documentos internos de la administración del parque nacional como las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Europa con motivo de la concesión del Diploma Europeo al Teide (reiteradas en las dos ocasiones en que se le ha renovado esta distinción), señalan una serie de hechos y situaciones que se repiten año tras año sin que se haya hecho algo más que decir buenas palabras y reiterar las promesas. En concreto el impacto producido por la enorme cantidad de visitantes, el derribo de las casas del sanatorio, la erradicación de los muflones, la demolición de las casetas que se encuentran en La Rambleta, el cierre del bar que ocupa ilegalmente una de ellas o la problemática que se deriva de la existencia del teleférico.

Hasta ahora, lo único que se ha hecho es incluir estas cuestiones en los sucesivos planes y documentos del parque; es más, ni tan siquiera se han remitido al patronato los informes y documentos solicitados en los plenos. Ni el gobierno canario, ni el cabildo de la isla, ni el ayuntamiento de La Orotava, han cumplido lo prometido por sus representantes en el Patronato desde hace muchos años: aplicar la ley para resolver algunos de estos problemas. Un ejemplo evidente de esta situación es la permanencia del bar "clandestino" ubicado en la Rambleta cuando ya hace más hace quince años que se aprobó su clausura. Por si este hecho no fuera suficientemente grave -no olvidemos que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes- el Cabildo se ha convertido en el colaborador necesario de este negocio ilegal, pues el bar no podría funcionar como tal sin las mercancías que le transporta el teleférico. Pero, según la concesión administrativa y el artículo 4º de los estatutos de la sociedad, su objeto como empresa es el transporte de personas hasta la cima del Teide, por tanto no puede legalmente transportar suministros para un negocio ajeno al teleférico. Por cierto ¿Cuánto cobra la sociedad -cuyo consejo de administración controla el cabildo como accionista mayoritario- por esta actividad no prevista en los estatutos? ¿Quién se beneficia de tan flagrante y permitido incumplimiento de la normativa legal? Esperemos que nos aclaren estos interrogantes en sus arengas electorales. Pero, por lo que ve y se oye, una cosa es predicar y otra dar trigo.

Eustaquio Villalba Moreno

Representante de ATAN en el Patronato del Parque Nacional del Teide

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