Un cacique en el banquillo

El pasado mes de junio la sala de lo penal de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que desestimaba el sobreseimiento de las Diligencias Previas 299/98 por un delito contra el medio ambiente. En este auto los magistrados ordenan la apertura de juicio oral mediante Procedimiento Abreviado. El delito se cometió en Valle Gran Rey, en el espacio natural protegido del Lomo del Carretón en el que, sin respetar la protección del paraje, se sacó piedra para la construcción de una “pista agrícola” entre Taguluche y el barranco de Guariñén. Esta “pista agrícola” se financió con fondos de la Consejería de Agricultura, pero lo que en realidad se hizo fue una carretera para acceder a un lugar en el que no se cultiva absolutamente nada desde hace decenas de años, pero que ofrece unas condiciones excelentes para ubicar una urbanización turística.

Vecinos de Taguluche, alarmados por el deterioro que se estaba produciendo y, ante la evidente ilegalidad de esta cantera, requirieron notarialmente a la empresa constructora para que cesara de extraer piedra de un lugar protegido. La respuesta pasará a formar parte de la antología del caciquismo gomero, que no es precisamente una isla en la que falten ejemplos, pues según recoge el acta notarial, alegaron que tenían permiso del ayuntamiento. Esta contestación, que no respuesta, es una muestra evidente del caciquismo que impera en este municipio gomero, donde la voluntad del señor alcalde está por encima de las normas legales. Y así ocurrió, el espacio natural protegido fue utilizado como cantera al margen de cualquier normativa legal y la carretera, que no pista forestal, se terminó gracias a la complicidad de cabildo gomero y del gobierno canario.

Cuatro años después de los hechos, los responsables del ayuntamiento y los de la empresa tendrán que responder ante la Justicia como presuntos culpables de un delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal. La ineficacia de la oposición explica que sea la justicia, en respuesta a la denuncia de vecinos y asociaciones ecologistas, el único poder que está interfiriendo en la consolidación de este nuevo caciquismo. Si funcionaran otros mecanismos democráticos es evidente que estos delitos no se hubiesen consumado, pero la realidad política hace indistinguible los métodos del presidente del cabildo, el socialista Casimiro Curbelo, de los del alcalde de Coalición Canaria en Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt.

En el Partido popular presumen de tener un código ético que obliga a los militantes a dejar sus cargos si son procesados por delitos de corrupción, pero el caso de los ediles madrileños imputados penalmente por la posible venta fraudulenta de los servicios funerarios municipales, ha puesto en evidencia las dos varas de medir que utilizan los conservadores del PP. En Coalición Canaria supongo que no existe ningún código ético porque la ética es algo que desconoce una parte importantes de sus dirigentes, no en vano dicen que les encantaría contar en sus filas con Dimas Martín, el político más veces condenado e indultado desde que tenemos democracia. Por tanto, no es nada probable que Coalición Canaria pida la dimisión de Esteban Bethencourt aunque éste tenga que sentarse próximamente en el banquillo de los acusados para hacer frente a sus responsabilidades en la destrucción del patrimonio natural gomero.

No es un hecho aislado esta actuación caciquil de Esteban Bethencourt, su gobierno municipal se ha caracterizado por una gestión en contra de la conservación de la naturaleza y de los intereses generales de los ciudadanos. Afortunadamente no ha podido realizar todos sus disparatados proyectos; gracias a las movilizaciones populares se pudo impedir que destrozara la playa con diques o que deteriorara irreversiblemente la vega de Arure , pero en otros casos, como este ocurrido en el Lomo del Carretón, no ha sido posible. Esperemos que la Justicia les obligue a reparar el mal causado y esto sirva para que la sociedad tome conciencia del tremendo daño que sufre la democracia cuando los cargos públicos ni cumplen ni hacen cumplir las leyes, favoreciendo intereses particulares en detrimento de los públicos.