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El alcalde de
Valle Gran Rey |
Febrero 2001
Las administraciones públicas siguen sin cumplir la normativa ambiental que les obliga a facilitar información. El caso más extremo ha sido el protagonizado por el Consejo Insular de Aguas de la isla de La Gomera. Tardó más de dos años en dar un informe técnico y, cuando lo hizo, fue por las presiones del Defensor del Pueblo y del Diputado del Común de Canarias (aunque en este último caso no se puede decir que actuara diligentemente en defensa de los intereses de los ciudadanos del común). Es una actuación normal de los socialistas gomeros para los que todo vale con tal de seguir en el poder.
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