El Director General de Medio Ambiente de la Unión Europea, James Currie, se ha dirigido al gobierno español "por la posible aplicación incorrecta por parte de las autoridades canarias de la Directiva 92/43 CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, en relación con el proyecto de construcción de una planta embotelladora de agua en la Isla de la Gomera". El escrito establece un plazo de dos meses para que el gobierno español -en este caso el canario- responda a las alegaciones que se han presentado al proyecto. Antes del día siete de septiembre los responsables políticos canarios tendrán que explicar este disparate a la Comisión Europea.

Hasta ahora, el consejero de Política Territorial y el Viceconsejero de Medio Ambiente, ambos del PP, el alcalde de Valle Gran Rey de CC y el presidente del cabildo gomero, miembro del PSOE, han eludido responder a las preguntas y cuestiones que, sobre este y otros asuntos, les han planteado los afectados y las organizaciones ecologistas. Con estos comportamientos se entiende que permanezcan impávidos y silenciosos ante hechos y situaciones que asombran al resto de los ciudadanos y que no son, precisamente, asuntos de poca monta: los periódicos publican, sin que pase absolutamente nada, que el presidente de la patronal de la construcción, Antonio Plasencia, explote sin problemas canteras de áridos ilegales, se reconoce públicamente que con el cuento del proyecto de Tindaya han "desaparecidos" 2.000 millones o que en Playa Santiago funciona un planta de aglomerado asfáltico sin ningún tipo de permiso, pero que cuenta con todas las bendiciones del alcalde de Alajeró y del Presidente de Cabildo. Es sorprendente que a estos dirigentes políticos no les preocupe estas cuestiones, a pesar de haber jurado o prometido cumplir y hacer cumplir las leyes, pero lo que resulta desde una óptica democrática absolutamente incomprensible es su negativa al dialogo y al debate público.

Casimiro Curbelo Foto de la prensa local

El caso de la embotelladora de Taguluche es un ejemplo perfecto de comportamientos poco democráticos que subordinan los intereses de la mayoría para beneficiar a una minoría. Los promotores de la embotelladora han presentado un informe de impacto que no solo incumple la legalidad, pues la ley exige en este caso un informe detallado, es que ni tan siquiera cumple los mínimos requisitos científicos y técnicos exigible a este tipo de documentos. Por el contrario, profesores e investigadores de las universidades e instituciones científicas canarias, del CSIC, catedráticos de hidrología, técnicos de la Consejería de Política Territorial y de Obras Públicas, geólogos, etcétera, rechazan este proyecto con sólidas razones y argumentos que en ningún momento han sido rebatidos por el alcalde de Valle Gran Rey, por el presidente del Cabildo Gomero o por el consejero de Política Territorial del Gobierno Canario. ¿Qué dirán ahora a la Comisión Europea? ¿O es que sus opiniones están por encima de los informes técnicos y científicos y, por tanto, no les hacen falta razones y ni argumentos para responder al requerimiento de Bruselas? Pero la U. E. les pide algo más que opiniones pues el proyecto afecta a dos áreas propuestas por el gobierno español como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y, según "el artículo 6.2 de la Directiva de Hábitats, los gobiernos están obligados a evitar el deterioro y alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas". Hasta hoy, lo que han hecho las autoridades canarias es todo lo contrario: invertir fondos europeos en destruir dos lugares "protegidos por la ley": el Lomo del Carretón y el palmeral de Taguluche.

Si lo que les falta a los responsables públicos es dar explicaciones, razones y argumentos, lo que es evidente que les sobra es cinismo. Para probarlo no hay que buscar mucho, basta con leer el anuncio publicado en la prensa local por la Consejería de Política Territorial y la Viceconsejería de Medio Ambiente; en él se nos dice que el gobierno de Canarias desarrolla, desde 1993 y con fondos europeos, el Programa de Conservación de las Palomas de la Laurisilva. "Este programa tiene como finalidad la eliminación de los factores de amenaza que actúan sobre estas aves en el archipiélago". Ahora bien, la embotelladora de Taguluche tiene previsto entubar los nacientes situados en el Monumentos Natural del Lomo del Carretón para abastecer la factoría, lo que acarreará, según todos los científicos y técnicos consultados, la destrucción de un ecosistema que alberga, precisamente, estos raros endemismos canarios. La amenaza está clara, pero, ¿cómo eliminamos el peligro que para las palomas rabiche y turqué representan Esteban Bethencourt, Casimiro Curbelo, Tomás Van de Walle o Emilio Alsina? Eso les compete a los ciudadanos.

La Consejería de Industria justifica la destrucción de este espacio natural porque la embotelladora creará siete puestos de trabajo y, como la de Agricultura no dice nada, poco le importa al consejero los puestos de trabajo que se perderán con la desaparición de la agricultura y la producción de miel de palma en Taguluche. A ellos les preocupan otras cosas y otros asuntos y, entre éstos no se incluyen, evidentemente, la conservación de nuestros paisajes y de nuestras tradiciones.

Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN