El concejal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, ha hecho unas declaraciones a Canal 4 tv que dejan en evidencia dos cosas: la primera es que este señor no sabe lo que es una asociación conservacionista, como lo es ATAN, cuando dice que los de “no a todo” tienen que presentarse a las elecciones. Señor Tarife, la Constitución Española, la misma que su partido invoca continuadamente, reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación y establece en su artículo 23 -1 que “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, y que se sepa, la propuesta de un hotel en Las Teresitas por parte de una institución pública, como es el ayuntamiento, es un hecho sobre el que los ciudadanos y las asociaciones podemos opinar libremente. También ignora que ATAN no es, y nunca ha querido serlo desde su fundación hace más de medio siglo, un partido político, por el contrario, es parte de nuestra identidad no apoyar ninguna ideología política concreta y estamos obligados por nuestros estatutos a opinar, denunciar y a ejercer nuestra libertad de expresión (reconocida en la Constitución, señor Tarife) cuando consideremos que se atenta contra nuestro patrimonio natural y cultural, sin importarnos qué partido o institución sea la responsable.

Este señor pertenece a partido político que tiene entre sus fundadores al ministro de Turismo de la Dictadura, Manuel Fraga Iribarne, y por eso no resulta extraño que este concejal (por cierto, el único partido que ha sido condenado en democracia por corrupción) siga el mismo modelo turístico. Un modelo que se resume en la frase “cuantos más mejor” y en hacer una fiesta cada vez que se supera el récord anterior de visitantes. Debe ser por eso que considera que un hotel de 200 camas es una instalación pequeña. Pero la isla está saturada por un turismo excesivo que ha superado su capacidad de carga y colapsado su sistema viario.

Las Teresitas es una playa que se encuentra en un fondo de saco, solo tiene una salida y una entrada; es frecuente, y no solo en los meses de verano, que se colapse y las colas, tanto para entrar como para salir, sean kilométricas. Un hotel con 200 camas supondrían una media de 300 turistas que usan la playa y se trasladan a otras zonas de la isla. Si a eso le sumamos los 150 puestos de trabajo directos, que en su mayoría no serán de San Andrés, con su necesidad de transporte, vivienda, colegios, etcétera, el colapso está servido.

Desde que se creó la playa actual a principios de la década de los setenta, ha sido un ejemplo de abandono municipal. Prácticamente lo único que ha hecho el ayuntamiento es cambiar las deterioradas duchas y sustituir los chiringuitos. No hay vigilancia ni megafonía, los servicios son más que insuficientes, el carril bici es una reiterada promesa electoral que solo sirve para engañar a los electores, carece de iluminación adecuada y, en todos estos años, el ayuntamiento de Santa Cruz y sus responsables solo se ha preocupado de hacer negocio, por supuesto ilegal, con la playa. Esa es la razón por la que el ex-alcalde, Miguel Zerolo, fue condenado a varios años de cárcel, al igual que los corruptos empresarios con los que planearon el saqueo de las arcas públicas.

Mención aparte merece el periodista, con una sola pregunta dejó en evidencia que no sabe ni entiende lo que es la deontología (Según la RAE, parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional).

Las Teresitas debería ser una playa destinada fundamentalmente a los vecinos; ya dedicamos gran parte del litoral isleño al turismo, dejen la playa para el disfrute ciudadano.

 

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