Tras la reciente constitución de la Plataforma Ciudadana Salvar Fonsalía, la masiva recogida de firmas, superando las 250.000 en pocos días, y la publicación de un estupendo artículo en la prestigiosa revista National Geographic, existía cierta expectativa por comprobar si ese avance de la movilización externa, podría haber influido en algo a los regidores de los destinos de la isla.

Decepcionante, por no decir patético, fue el triste espectáculo que nos ofrecieron los defensores del cada vez más conocido internacionalmente puerto de Fonsalía. La ignorancia más absoluta, los argumentos sin sentido, las intervenciones manipuladoras, nostálgicas y mitineras, la falta de respuestas serias a las cuestiones planteadas… son algunas de las características que definieron un tramo del Pleno del Cabildo de Tenerife, celebrado el pasado 30 de julio, donde los miembros de la corporación insular tuvieron la oportunidad de corregir su errónea creencia de que la construcción del nuevo puerto puede estar por encima de la conservación de un lugar tan importante para la biodiversidad marina del planeta, como es la zona Teno-Rasca.

Lo más triste, es que nuestras autoridades no se dan cuenta del ridículo que están haciendo y que, nos tememos, seguirán haciendo a nivel nacional, europeo y mundial, defendiendo con argumentos fácilmente rebatibles, una infraestructura pública con tan alto potencial de destrucción del medio ambiente. Es muy ingenuo pensar que las instituciones europeas puedan financiar una obra pública con semejantes características y menos aún con el precedente de las mentiras del puerto de Granadilla.

Además, el puerto Fonsalía podría ser la primera candidata para el nuevo delito de Ecocidio, que se está incorporando en la legislación internacional, ya que se ajusta perfectamente a su definición.

Recordemos que la idea de construcción de un nuevo puerto en el sur surgió como amenaza del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor (hoy investigado por, supuestamente, recibir comisiones de la construcción del puerto de Granadilla), cuando los vecinos de Los Cristianos se levantaron en masa en contra de la ampliación del puerto y en defensa de su playa.

25 años después de aquellos acontecimientos, en la sesión plenaria del Cabildo, el consejero del grupo de gobierno Sr. Arriaga, además de desconocer la vigencia o no de la Declaración de Impacto Ambiental, reconocía que “si se concluye que no se pueden cumplir los 25 condicionantes exigidos por el Ministerio de Transición Ecológica para la autorización ambiental del proyecto, entonces ahí tendríamos un verdadero problema”. Con esta afirmación, el Sr. Arriaga estaba demostrando que ni siquiera se había leído los diversos informes del Ministerio, Universidades y otros estudios especializados que, desde el primer momento de la tramitación del proyecto, se muestran contrarios y coinciden en la inviabilidad de la construcción de un complejo portuario en la costa de Isora sin afectar seriamente la exuberante vida marina que contiene.

Por su parte, el portavoz de la oposición mayoritaria, además de afirmar en su día que “quizás habría que replantearse el puerto de Fonsalía”, ya se refirió abiertamente en el Pleno, a la necesidad de encontrar alternativas temporales al puerto de los Cristianos, señalando el puerto de Granadilla como el lugar más indicado para ello.

Sin embargo, la existencia de un informe pericial judicial encargado por el Tribunal de Superior de Justicia de Canarias a petición de ATAN, en el año 2010, concluye que “el 58% del año ese puerto estaría inoperativo por causa del fuerte viento”, por lo que la alternativa de Granadilla como puerto destinado al tráfico interinsular, está totalmente descartado.

Así pues, no existe otra alternativa real que no sea el propio Puerto de Los Cristianos, donde el Plan General de Ordenación del Municipio de Arona, aún hoy en tramitación, deberá incorporar la existencia del Puerto en su trama urbana y establecer los instrumentos urbanísticos más adecuados para la resolución de los tráficos de vehículos que tal instalación portuaria genera. En este sentido, existen propuestas de mejora de accesibilidad, e incluso la posibilidad de disponer de carril exclusivo para el tráfico portuario de salida, entre el desembarque y la autopista.

Igualmente, habría que establecer franjas horarias a las empresas navieras en ejercicio de la obligación de Servicio Público, que sin duda contribuirán a evitar los problemas de tráfico derivados de la actual concentración horaria en la salida y llegada de las embarcaciones que cubren las conexiones con las Islas Verdes.

Por último, a las recientes medidas de reducción de velocidad y desvío de la trayectoria para aminorar el paso por la franja de protección, aplicada por alguna empresa naviera, habrá que añadir la estricta aplicación del protocolo anticolisión, que obliga a la instalación de radares que identifiquen la proximidad de alguna especie, para poder maniobrar en consecuencia.