El día 22 de marzo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (vaya nombrecito) comunicó a la asociación tinerfeña de Amigos de la Naturaleza la Resolución, tomada el 8 del mismo mes, en la que denegaba las prórroga extraordinaria para la ocupación de una zona del litoral lagunero conocida como Charco de la Arena. La ocupación de esta franja del litoral dentro del dominio público terrestre se aprobó en 1964 en plena dictadura franquista, la concesión para la construcción permitía acondicionar un charco natural, conocido como Charco de la Arena como piscina y un bar restaurante, se otorgó en precario y por un plazo de 99 años e implicaba la ocupación de 810 m2 del dominio público. Pero la ocupación real (casi 10.000m2) fue similar a la que ocupa un campo de fútbol.

Desde sus inicios los concesionarios incumplieron hasta la legislación franquista, pero lo asombroso del caso es que hayan conseguido mantenerla el disfrute en exclusiva de esta franja costera hasta el año ¡¡¡2021!!! La lectura de la Resolución ministerial parece un relato negro de las actuaciones de las distintas administraciones para mantener, en contra de la legalidad, una situación que solo beneficia a unos particulares que impide el paso y el acceso a los ciudadanos, los auténticos propietarios del suelo público y, al mismo tiempo, ocasionando un daño irreversible a los hábitats de la franja litoral afectada.

Es comprensible que los empresarios de la construcción y el turismo aplaudan con las orejas el traspaso de competencias sobre la ordenación de la franja litoral, a partir de ahora les parece que van a tener vía libre para modificar y alterar la costa sin las trabas que, algunas pocas veces, les ponían desde las autoridades centrales. En Tenerife podemos comprobar cómo los gobernantes canarios y los estatales han visto el litoral como fuente de grandes negocios y no como una parte importante de nuestro patrimonio natural, los ejemplos son variados y sus negativas consecuencias también.

Las Teresitas es otro ejemplo de esta política que solo quiere maximizar los beneficios a costa del interés ciudadanos. Es verdad que en este caso el robo fue tan evidente que una parte de sus beneficiarios terminaron en la cárcel, pero sigue sin saberse cómo se movió tanto dinero; pero mejorar la playa y adecuarla a la demanda ciudadana no llegó absolutamente nada: sigue con los mismos problemas que ya tenía en los años setenta.

Si ponemos nuestra atención a la política portuaria los hechos demuestran que esa política de beneficiar el negocio de unos pocos ocasiona cuantiosos gastos al contribuyente y la destrucción irreversible de amplias zonas del litoral. Lo ocurrido con el puerto de Granadilla ilustra perfectamente las negativas consecuencias de este tipo de modelos económico. Ya han transcurridos varios años desde su inauguración por M. Rajoy, en aquellos momentos Presidente del Gobierno, y todavía no saben a qué dedicarlo. Lo único que ha estado claro desde el principio en los años setenta era que había que construirlo Mientras se proyectaba y construía el puerto, sus objetivos iban variando.

Primero se justificó como un gran puerto industrial que permitiría la instalación de industrias pesadas y depósitos de carbón para abastecer la central térmica que, por supuesto, crearía una gran cantidad de puestos de trabajo. Cuando se hizo evidente que esos objetivos eran un disparate económico y ambiental, cambiaron de justificación: sería un gran puerto que serviría de nudo, de puerto de escala, para los barcos contenedores de esta zona del Atlántico. Pero como esto tampoco cuajó se utilizaría para trasladar toda la actividad portuaria a Granadilla y convertir el de Santa Cruz en estación para barcos de pasaje y cruceros, el resto de las instalaciones portuarias se transformarían en playas y zonas de ocio.

La realidad es que el puerto de Granadilla solo ha servido para reparar unas pocas plataformas petrolíferas. Una actividad tan ruidosa que no deja dormir a los vecinos ni a los turistas que eligen el Médano como destino de sus vacaciones. Para esto se ha gastado el contribuyente centenares de millones de euros, no sería difícil averiguar qué bolsillos afortunados recibieron los beneficios.

Como ya terminó el negocio de la construcción del puerto de Granadilla no se les ha ocurrido nada mejor para invertir el dinero público a nuestras administraciones que hacerlo en la construcción de otro puerto a pocos kilómetros, el de Fonsalía. Éste lo defienden, como hicieron con de Granadilla con mentiras y falsedades. La primera es decir que su necesidad deriva del colapso del puerto de Los Cristianos, cuando los datos demuestran que esta afirmación es falsa. Lo que le falta a Los Cristianos es lo que le quitaron con su política de ocupación del litoral: superficie suficiente para dar servicio a las actividades portuarias y una vía rápida de enlace con la autopista. Las instituciones, ayuntamiento, cabildo, Gobierno de Canarias y también el gobierno central optaron por convertir en una calle turística la salida del puerto y destinar la superficie a otros usos. Resultado es que las mismas instituciones y partidos que crearon los problemas los quieren resolver construyendo otro puerto.

Al impacto de estas grandes infraestructuras públicas hay que sumar el ocasionado por los proyectos de nuevos alojamientos turísticos en el litoral. Y, también en este caso, nos encontramos los ciudadanos a las mismas instituciones implicadas y con la misma justificación real: obtener rápidos y grandes beneficios sin importarles las consecuencias. Es el caso del hotel que se pretende construir en La Tejita, los mismos organismos públicos que lo autorizan y justifican son los que hacen publicidad con el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, la extinción de especies endémicas, etcétera, etcétera, pero eso es para los discursos, los hechos, las actuaciones de estas administraciones, facilitan la destrucción de uno de los paisajes más singulares del litoral para favorecer el interés de unos pocos a costa, nunca mejor dicho, de los tinerfeños. No es el único caso la misma amenaza se cierne sobre el litoral de Arico o de Santiago del Teide. Por eso no es de extrañar que lo que es motivo de gran alegría de unos pocos sea para la mayoría un motivo más de preocupación por el futuro de la isla porque han puesto a los zorros a cuidar de las gallinas.

 

Eustaquio Villalba Portavoz de atan.

 

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